Se reĂșnen gobernadores electos de Morena; llegan a acuerdos en turismo, agua, pesca, seguridad y salud.

Los prĂłximos mandatarios estatales refrendaron su respaldo a los principios de la Cuarta TransformaciĂłn: austeridad en el gasto de gobierno, redefiniciĂłn de las prioridades presupuestales a favor de las necesidades sociales, combate a la corrupciĂłn y transparencia y rendiciĂłn de cuentas en las acciones de gobierno.

Acordaron regionalizar la oferta turística con la creación de una empresa estatal de cruceros y de un corredor turístico en el Mar de Cortés, que constarå de 36 municipios costeros y 12 åreas naturales protegidas, a través de tres rutas: la Norte, que abarcarå San Felipe, Loreto, San Carlos, Guaymas, Bahía Kino, Puerto Libertad, Puerto Peñasco; la Sur, en Guaymas, Mulege, Los Cabos y Topolobampo; y una tercera en Mazatlån, San Blas e Islas Marías.

La seguridad pĂșblica recibiĂł atenciĂłn prioritaria de los prĂłximos ejecutivos estatales, que resolvieron sumar esfuerzos con el gobierno federal desde el ĂĄmbito del fuero comĂșn con la creaciĂłn de una Universidad de PolicĂ­a y de agencias regionales de inteligencia estratĂ©gica y financiera. Asimismo, estuvieron de acuerdo en blindar sus fronteras territoriales para cerrar el paso a las disputadas de las organizaciones criminales.

También definieron un esquema general para el aprovechamiento eficiente y sustentable del Mar de Cortés en rubros como la pesca y el desarrollo turístico, por lo que elaborarån una agenda medioambiental de desarrollo sostenible para los estados, centrada en la generación de energías limpias, particularmente la solar, y en la investigación en materia agropecuaria y de pesca.

Otros temas discutidos fueron el diseño de un programa de infraestructura regional para incrementar la competitividad de la zona, mediante la modernizaciĂłn de ferrocarriles y el establecimiento de un corredor T-MEC; promover la agroindustria para darle valor agregado a la producciĂłn primaria; eliminar las fronteras estatales para compartir servicios pĂșblicos, como los de salud; y asumir el 50 por ciento del costo del programa de apoyo a discapacitados del gobierno federal.